Manifiesto de valores comunes a las distintas entidades que propugnan la libertad de pensamiento y de educación

Considerando que la Constitución española declara que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Considerando que los textos internacionales declaran que el objeto de la educación debe posibilitar que la persona desarrolle «… sus aptitudes y su juicio individual» (Declaración de los derechos del niño –Dddn–, principio 7) en todas las dimensiones de su existencia, o sea, «física, mental, moral, espiritual y socialmente» (Dddn, principio 2).

Considerando que este objeto debe entenderse enmarcado en el deber de los poderes públicos de dotar al niño especialmente, y a la persona en general, de un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIESC–, artículos 11 y 12; Convenio sobre los derechos del niño –Cddn–, artículo 27; Charter of fundamental rights… op. cit., art. 24).

Teniendo en cuenta que intrínsecamente unido a este aspecto individual, la educación es factor de sociabilidad que ayuda al niño a «llegar a ser un miembro útil de la sociedad» (PIESC, artículo 13.1; Dddn, principio 7), y que esta sociabilidad siempre parte del presupuesto fundamental y tiene como límite absoluto el fin de la educación de buscar el interés superior del ser humano (Dddn, principio 7; Cddn, artículo 3.1).

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